LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA CELEBRA SU DÉCIMO
PRIMER CONGRESO

La Asociación de Comités de Amas de Casa celebra su décimo primer congreso, con la asistencia de 268 delegadas, y deplora la situación económica, social, y de inseguridad en que se encuentran las familias dominicanas.

Expresamos nuestra preocupación por los altos precios de los alimentos, y los artículos de primera necesidad, el deterioro del servicio eléctrico y la inseguridad ciudadana, ya que hasta en nuestros hogares estamos en peligro, el descalabro del medioambiente, la violación a la ley 112-2000, que establece el subsidio al gas para uso domésticos en los hogares dominicanos, sin exclusión de clase social.

En el mes de septiembre la Secretaria de Estado de Industria y Comercio eliminó el subsidio al gas sin la intervención del congreso nacional que es el único facultado para modificar o eliminar una Ley.

La paz social de nuestro país se siente seriamente amenazada, y advertimos al gobierno, a los empresarios y al comercio detallista que serán los únicos responsables de lo que pueda suceder en el país, si no asumen con responsabilidad su rol ante la sociedad, frente al alto costo de la vida. Pués no sólo los comerciantes practican la especulación, sino también desde las Instituciones del Gobierno se está especulando al no aplicar correctamente las rebajas en los combustibles y con la eliminación del subsidio al Gas para uso doméstico en franca violación a la Ley 112-2000, medida esta, que lesiona el presupuesto familiar el medio ambiente y la calidad de vida de las Amas de Casa que han tenido que retroceder a los tiempos primitivos de la leña y el carbón.

La calidad de vida de las familias dominicanas cada día se deteriora, por la baja calidad y cantidad de alimentos que pueden adquirir, así como miles de pacientes que se han visto en la obligación de abandonar sus medicamentos imprescindibles para hipertensos, diabéticos, enfermos de cáncer, VIH/SIDA, entre otros, porque el presupuesto familiar apenas alcanza para mal alimentarse, sin dejar de reconocer los altos precios en que se encuentran los medicamentos también.

El gobierno desde sus instituciones está en el deber de garantizar a la población un estado de seguridad ciudadana real, los artículos de primera necesidad con precios justos, estables y asequibles a la población consumidora, especialmente las de menores ingresos económicos, igual un medio ambiente sano, libre de contaminación.

Por o que demandamos del gobierno mayor protección ciudadana, rebaja y congelación de los precios de los artículos de primera necesidad, respeto a la ley 112-2000, aplicando el subsidio al gas de uso doméstico para todos los hogares dominicanos sin exclusión de clase social, como lo establece la Ley vigente.

También demandamos con urgencia la puesta en funcionamiento del programa de ventas populares del Instituto Nacional de Estabilización de precios (INESPRE), en las zonas rurales y en los barrios de las ciudades a nivel nacional.

De igual manera, demandamos de los empresarios, productores y el comercio
detallista, tener compasión con las familias dominicanas y cumplir con el compromiso social empresarial aplicando rebajas significativas a los precios de los alimentos y otros artículos de primera necesidad, así como también mejorar la calidad del servicio eléctrico y aplicar precios justos en la facturación.

Por último demandamos del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo de la República Dominicana agilizar el fallo reservado por ese Tribunal en fecha 24 de octubre del presente año, sobre el Recurso de Amparo incoado por esta asociación contra la eliminación del subsidio al gas para uso doméstico de las amas de casa del país.

Apelamos  a la garantía del poder judicial dominicano, de que ningún acto de la Administración Pública puede ser arbitrario o antojadizo, ni puede colocarse por encima de la Ley, por lo que este superior Tribunal tiene la gran oportunidad de hacer valer su independencia desautorizando al Secretario de Industria y Comercio y a la Administradora de Subsidios Sociales del gobierno, que no tienen calidad legal para modificar una ley vigente al margen del congreso nacional.

 
Rosario López
Presidenta